Introducción

Colombia es una país que ha sufrido una violencia sin fin, antes de ser Colombia, justo en la llegada de los españoles a América, se ha vivido diferentes injusticias con nuestros antepasados, con esas tribus indígenas que habitaban la zona, aquellas que llegaron a extinguirse en su mayoría, y que hoy en día se sigue trabajando para recuperarlas. Luego tuvimos que enfrentarnos a la llamada "CIVILIZACIÓN" y aceptarla, así no estuviéramos listos, debíamos conformarnos, es así como comprendemos que el conformismo ha estado todo el tiempo presente que simplemente lo aceptamos como algo cotidiano.

Hace mas de 50 años Colombia, y el mundo, conoció a diferentes grupos armados que empezaron a fluir luego de que no sintieran un apoyo del gobierno y las autoridades, sino mas bien una explotación, y otras razones mas. Las FARC, el ELN, las AUC, etc., son algunos de los grupos armados que existen en Colombia.

En este análisis y reconstrucción de la memoria histórica, hemos querido desarrollar en forma descriptiva la masacre que se produjo en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta en 1997 hasta nuestros días, debido a que reconstruir el pasado es reconstruir la vida social descubriendo mecanismos de poder que identifican a una sociedad.

Mapiripán, es un municipio del departamento de Meta fundado el 10 de Julio de 1963 que tiene 13,438 habitantes. En este municipio hace 17 años ocurrió una masacre de un numero no determinado de ciudadanos (se estima que fueron alrededor de 49 personas) en manos de grupos paramilitares provenientes de diferentes partes del país; es uno de los casos mas tristes en la historia de Colombia.

Escudo del municipio Mapiripán, Meta.

Masacre de Mapiripán

Lugar:                     Mapiripán - Meta - Colombia.

Fecha:                     15 - 20 de Julio de 1997.

Responsables:        AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).

Descripción:           Masacre de campesinos.

Victimas:                49 muertes (aprox).

Tipo de ataque:     Asesinato Masivo.

¿Que sucedió?

Aquí se relatara que fue lo que, como, donde sucedió, quienes fueron los causantes, cual fue la causa, porque sucedió...

Mapiripán, Meta 15 a 20 de Julio de 1997. El 12 de Julio de 1997 llegan las Autodefensas Unidas de Colombia en  Antonov-32 y un Douglas DC-3 con los últimos integrantes de la AUC provenientes de Apartado y Necoclí, junto con 80 paramilitares, machetes, armas de fuego largas y cortas, salen del aeropuerto Los Cedros ubicado en Antioquia, en presencia de la brigada XVII del Ejercito. Aterrizaron en el aeropuerto San Jose del Guaviare sin complicaciones, teniendo conocimiento que estaba controlado por el Batallón Joaquín París y la policía Antinarcóticos. Allí los esperaban 200 hombres listos para atacar.

  

Antonov-32                            Douglas DC-3

Semanas antes las Autodefensas Unidas de Colombia se preparan en la región de Urabá, norte de Colombia un sitio de confluencias con los departamentos de Antioquia, Córdoba y Choco.

Mapa político de Urabá (Tomado de http://es.wikipedia.org/)

Su objetivo era “Efectuar un operativo de ataque contra presuntos colaboradores de la guerrilla del sur del país”, al mando de Salvatore Mancuso (cerebro de muchas otras masacres), Carlos Castaño Gil, Miguel Arroyave alias ‘Arcángel’, Héctor Germán Buitrago alias 'Martín Llanos' y Pedro Oliverio Castillo alias 'cuchillo' y al parecer también hubo participación de Víctor Carranza ‘Zar de la Esmeraldas’.

Días antes los habitantes de Mapiripán escucharon rumores de lo que se venía y decidieron abandonar la zona, entre ellos el Alcalde electo en ese momento Jaime Calderón Moreno, junto con otros personajes pertenecientes a la gobernación.

El 12 de Julio de 1997 al llegar al aeropuerto San Jose del Guaviare, ayudados por ejercito prenden su viaje hacia Mapiripán por vía terrestre y fluvial, pasaron por varias áreas de entrenamiento de la Brigada Móvil II, sin ser detenidos, se estima que en total habían 1784 hombres pertenecientes a la policía y el ejercito en las áreas por donde pasaron los paramilitares. Llegaron finalmente a la inspección de Charras en la noche del 14 de Julio de 1997, donde organizaron todo para cruzar el Rió Guaviare y llegar a Mapiripán.


Camino aéreo que usaron los paramilitares desde Antioquia hasta el Guaviare.

El 15 de Julio de 1997, llegan finalmente las Autodefensas de Colombia a Mapiripán Meta, con al menos 100 hombres armados de varias partes del país, Carlos Castaño denominó a este frente: Guaviare de las AUC. Los paramilitares usaban prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, portaban armas de corto y largo alcance, cuyo uso era monopolio del Estado, y utilizaban radios de alta frecuencia.

Rodearon completamente el municipio tanto por vía terrestre como fluvial, de forma tal tomaron el control del pueblo, las comunicaciones y oficinas públicas, luego intimidaron a todos los habitantes, secuestraron y asesinaron a algunos.

Mapa político del departamento del Meta, ubicado el municipio de Mapiripán (Tomado de http://es.wikipedia.org/)

La toma duro 5 días, sus habitantes estaban a la merced de los paramilitares, no dejaban salir a nadie, allanaron casas, buscando cualquier información que involucrara a la gente con la guerrilla, mientras hacían una "Lista Negra" con aquellas personas "supuestas" colaboradoras de las FARC.

Veintisiete (27) personas en total solo el primer día (15 de Julio de 1997) fueron asesinadas, todas estaban en la "Lista Negra". Primero las capturaron luego las torturaron, las desmembraron, desviceraron y/o degollaron a cada una, siendo acusados de ser colaboradores, auxiliares o simpatizantes de las FARC. Varios de los cadáveres fueron lanzados al rió Guaviare para eliminar pruebas. Posteriormente las autoridades informaron que al menos 49 habitantes fueron asesinados y cientos de personas abandonaron el municipio por temor.

                

El 20 de Julio de 1997 salieron del municipio de Mapiripán y el 23 de Julio estaban en los alrededores de San Jose del Guaviare, en Puerto Arturo. Las FARC se enteran que los paramilitares están allí, y como estaban molestos porque ellos se tomaron Mapiripán deciden ir a atacarlos. Antes de que las FARC lograran hacer el ataque a los paramilitares, la Brigada Movil II organiza la operación "Araña" con todas sus tropas y finalmente los ataca, logrando interrumpir el ataque a las AUC.

El 21 de Julio de 1997 los habitantes sobrevivientes fueron evacuados por la Cruz Roja Internacional vía aérea, fluvial y terrestre aun en presencia de paramilitares. 

El 20 de Julio de 1997 el entonces presidente de la República de Colombia Ernesto Samper en un discurso desmintió rotundamente lo nexos de las fuerzas militares con cualquier cualquier grupo paramilitar, justo cuando ocurría la masacre en un lugar donde la presencia de policías y militares era demasiada como para permitir que un grupo armado tomara un pueblo y cometiera tal masacre.

Las Autodefensas Unidas de Colombia desde su comienzo dejaron en claro su enemistad con la guerrilla de las FARC, a cada población que atacaron, cada persona muerta fue acusada de ser colaboradora de esta guerrilla. Pero en este caso, como en varios, habían otras circunstancias que los llevaron a realizar esta masacre.


¿Porque razón las AUC atacaron este municipio?

Carlos Castaño

Salvatore mancuso

Su ubicación estratégica, innumerables recursos naturales, y la disputa por el tráfico de drogas llevado a cabo en los 90’s, ya que las FARC tenían el cultivo y la raspa de coca, fue este municipio Mapiripán Meta escogido para ser atacado, como inauguración del lanzamiento de la Autodefensas Unidas de Colombia como proyecto nacional paramilitar.

Vicente Castaño

Los hermanos Castaño (Vicente y Carlos) y Salvatore Mancuso, decidieron crear las Autodefensas Unidas de Colombia como proyecto para unir fuerzas con otras autodefensas y así poder exterminar a las FARC, invadiendo primero su territorio, impartiendo terror, el terror que ya venían incursionando, de esta forma entenderían su mensaje.  

Para mas información: Verdad Abierta.

Los autores intelectuales de este hecho fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, pero detrás de ellos están varios personajes pertenecientes a las fuerzas militares. Se sabia que había fuertes nexos de la Brigada Séptima del Ejercito Nacional, ubicado en Villavencio, y las AUC, tambien como se menciono antes la Brigada Movil II del Ejercito ubicada en el Guaviare tuvieron participancion en los hechos. La Brigada Séptima estaba comandada por el General Jaime Uscátegui, según información obtenida por la Fiscalia, el General permitió el ingreso de los paramilitares a la zona y ordeno al Mayor Hernán Orozco cambiar el comunicado donde se explicaba lo sucedido en el lugar para que se realizara un operativo militar, de forma tal que no se nombrara la presencia de las AUC en el lugar.

El Mayor Hernán Orozco, en 1999, declaro contra el general Uscátegui ante la procuraduria, la fiscalia y la justicia penal militar, de permitir los hechos que ocurrieron en Mapiripán, durante dos años su familia sufrió varios atentados, en uno de ellos murió su hermano, el Mayor pidió asilo en Estados Unidos.

El general fue acusado por secuestro, asesinato y omisión, estando desde el año 1999 8 años y seis meses preso, luego en 2007 un juez lo declaró inocente por los delitos de secuestro y asesinato. En 2011 fue condenado a 37 años de cárcel condenado como autor por omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros simples perpetrados durante la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997. 

También el estado Colombiano fue demandado el 26 de Enero de 2004 por el colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ante el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), primero por permitir la masacre, cuando de tiene plenitud que las fuerzas militares y la policía nacional permitieron y apoyaron a los paramilitares en la masacre de Mapiripán, y segundo porque luego de la masacre el estado Colombiano no realizo las gestiones necesarias para investigar lo sucedido, saber cuantos y quienes murieron, y mucho menos haber ejecutado las ordenes de captura pertinentes. Incluyendo que en esa época se estaba realizando la desmovilizacion de los paramilitares sin tener el cuenta a las victimas de estos. 




Este colectivo de abogados José Alvear Restrepo es la firma de abogados que respalda las victimas de la masacre en Mapiripán, es una organización no gubernamental de los Derechos Humanos, colombiana.



Varios militares fueron investigados finalmente como responsables de la masacre, uno de ellos Jorge Humberto Victoria, quien declaro ante la Fiscalia ser el responsable de la llegada de los paramilitares al Meta, y quien acuso a zar de las esmeraldas Víctor Carranza de participar en a masacre. También participaron el sargento Juan Carlos Gamarra, el coronel Lino Sanchez (ya falleció) fue el que permitió la salida de los aviones en Antioquia.

En cuanto a los paramalitares acusados por la masacre se encuentran:

• Carlos Castaño Gil, quien fue condenado a 40 años de prisión y nunca pago la condena, murió en el 16 de abril del 2004. 
• Raul Emilio Hasbún Mendoza alias 'Pedro Bonito', mano derecha de lso hermanos Castaño, fue condenado a 26 años de cárcel, acusado por los mismos paramilitares (Elkin Casarrubia) de ser quien entreno a los hombres para la masacre.
• Salvatore Mancuso, fue condenado a 320 meses de prisión, solo por este hecho, al ser el actor intelectual de la masacre. Fue extraditado a los Estados Unidos, aún no se determina la magnitud de su sentencia, ya que se encuentra en estudio otros casos. 
• Rene Cardenas Galeano alias 'El Patrón' fue condenado a 40 años de cárcel, siendo uno de los actores intelectuales de la masacre, posteriormente se escapo.

Estos son algunos de los paramilitares, y los mas importantes, condenados por la masacre en Mapiripán y por otros casos, de los cientos, que cometieron este grupo, Las Autodefensas Unidas de Colombia por aproximadamente 10 años.

El Canal Capital realizo un programa llamado: Hagamos Memoria, donde muestran diferentes casos ocurridos en el país, en este caso se llama Hagamos Memoria con Masacre de Mapiripán, el documental se encuentra en youtube, para verlo oprime aquí.



También el programa Contravía realizo un documental donde se cuenta lo sucedido y el proceso judicial que se llevaba a cabo, justo antes de que se condenara al General Uscateguí por su omisión en lo hechos.

Para ver el documental oprime aquí: Parte I ; Parte II.

...Sentencias

Sentencia del 15 de Septiembre de 2005

Mapiripan vs. Colombia

Victimas de La Masacre

96. Efectuado el examen de los elementos probatorios que constan en el expediente del presente caso, las manifestaciones de las partes, así como el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, la Corte considera probados los siguientes hechos:

El conflicto armado interno en Colombia y los grupos armados ilegales denominados “paramilitares” 

96.1 A partir de la década de los sesenta del siglo XX surgieron en Colombia diversos grupos guerrilleros, por cuya actividad el Estado declaró “turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional”. Ante esta situación, el 24 de diciembre de 1965, el Estado emitió el Decreto Legislativo 3398 “por el cual se organiza la defensa nacional”, el cual tenía una vigencia transitoria, pero fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968 (con excepción de los artículos 30 y 34). Los artículos 25 y 33 del referido Decreto Legislativo dieron fundamento legal a la creación de “grupos de autodefensa”. En la parte considerativa de esta normativa se indicó que “la acción subversiva que propugnan los grupos extremistas para alterar el orden jurídico, requiere un esfuerzo coordinado de todos los órganos del poder público y de las fuerzas vivas de la Nación” y, al respecto, el referido artículo 25 estipuló que “[t]odos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, pod[í]an ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuy[eran] al restablecimiento de la normalidad”. Asimismo, en el parágrafo 3 del mencionado artículo 33 se dispuso que “[e]l Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas”. Los “grupos de autodefensa” se conformaron de manera legal al amparo de las citadas normas, por lo cual contaban con el apoyo de las autoridades estatales.

96.2 En el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, el Estado impulsó la creación de tales “grupos de autodefensa” entre la población civil, cuyos fines principales eran auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. El Estado les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico. 

96.19 Se ha documentado en Colombia la existencia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y miembros de la fuerza pública en relación con hechos similares a los ocurridos en el presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la fuerza pública respecto de las acciones de dichos grupos. En los informes publicados desde 1997 sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado los casos representativos de violaciones del derecho a la vida, en los que se alegó que el gobierno y las fuerzas armadas colaboraron con los paramilitares en asesinar, amenazar o desplazar a la población civil. Dicha colaboración entre las fuerzas públicas y los paramilitares ha representado un gran obstáculo para la observancia de los derechos humanos en Colombia, en opinión de la Oficina del Alto Comisionado. En el informe de 1997 la Alta Comisionada mostró su preocupación por la posible participación de las fuerzas armadas con los paramilitares en actos de violencia incluyendo, entre otros, la masacre en Mapiripán. Según ese informe, los actos cometidos por paramilitares constituyeron el mayor número de violaciones de derechos humanos reportados en el país en 1997, incluidas masacres, desapariciones forzadas y toma de rehenes

116. En el presente caso, los actos cometidos por el grupo de paramilitares contra las víctimas son parte de los hechos reconocidos por el Estado, por encontrarse contenidos en el literal B del capítulo VI de la demanda interpuesta por la Comisión (supra párrs. 34, 37 y 96.29 a 96.47), a saber:

a) según la Fiscalía General de la Nación, el Ejército colombiano permitió el aterrizaje de las aeronaves que transportaban a dichos paramilitares, sin practicar ningún tipo de control, registro o anotación (supra párrs. 96.30 y 96.31);

b) el Ejército colombiano facilitó el transporte de los paramilitares hasta Mapiripán. Los paramilitares fueron transportados desde el aeropuerto en dos camiones tipo “reo” de los que usualmente utiliza el Ejército, los cuales fueron autorizados para acceder a la pista ante una llamada efectuada por una persona que se identificó como oficial del Batallón “Joaquín París”. Los camiones se dirigieron a un paraje cercano a la llamada “Trocha Ganadera” que conduce al llano y selva adentro. En la carretera, se les unieron paramilitares de Casanare y Meta y desde allí, por vía fluvial, pasando por “El Barrancón” -donde se encontraban la Brigada Móvil II y la Infantería de Marina- continuaron su recorrido sin inconvenientes hasta Charras, en la orilla opuesta al río Guaviare, frente a Mapiripán (supra párr. 96.32);

c) los miembros del grupo paramilitar transitaron sin ser detenidos por áreas de entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil II (supra párr. 96.32). La colaboración entre los miembros del Ejército y las AUC involucró el suministro de pertrechos y comunicaciones a los paramilitares (supra párr. 96.35);

d) la incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto minuciosamente planeado desde varios meses antes de julio de 1997, ejecutado con previsiones logísticas y con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército. La participación de agentes del Estado en la masacre no se limitó a facilitar el ingreso de las AUC a la región, ya que las autoridades tuvieron conocimiento del ataque perpetrado contra la población civil en Mapiripán y omitieron adoptar las medidas necesarias para proteger a los miembros de la comunidad (supra párr. 96.43);

e) la Fiscalía General de Nación determinó que, no obstante, ante el arribo de las AUC, se dispuso la movilización de las tropas del Batallón “Joaquín París” desde San José de Guaviare hacia otras localidades, dejando desprotegidas a las poblaciones de dicho lugar y de Mapiripán. El Teniente Coronel Orozco Castro declaró que cuando se hizo necesario enviar fuerzas militares a Mapiripán, éstas estaban desplegadas en otras localidades tales como Puerto Concordia, el Retorno y Calamar. A su vez, el 15 de julio de 1997 se dispuso la movilización de las últimas compañías del Batallón Joaquín París hacia Calamar, a pesar de que no existía confirmación sobre incidentes de perturbación del orden público en este lugar. La movilización de las tropas del Ejército fue injustificada y se basó en conjeturas o simples contingencias (supra párr. 96.38);

f) según la Fiscalía General de la Nación, las omisiones de la VII Brigada no fueron un simple incumplimiento de su deber legal de controlar la zona, sino que involucró “abstenciones en necesaria connivencia con la agrupación armada ilegal, así como en actitudes positivas eficaces tendientes a que los paramilitares lograran su propósito, pues indudablemente sin ese concurso no hubieran logrado actuar” (supra párr. 96.44);

g) miembros del Ejército habrían adoptado medidas tendientes a encubrir los hechos (supra párr. 96.45); y 

h) las omisiones de la VII Brigada se extendieron a la falta de colaboración con las autoridades judiciales que intentaron llegar al lugar de los hechos (supra párr. 96.46).

121. La colaboración de miembros de las fuerzas armadas con los paramilitares se manifestó en un conjunto de graves acciones y omisiones destinadas a permitir la realización de la masacre y a encubrir los hechos para procurar la impunidad de los responsables. En otras palabras, las autoridades estatales que conocieron las intenciones del grupo paramilitar de realizar una masacre para infundir temor en la población, no sólo colaboraron en la preparación para que dicho grupo pudiera llevar a cabo estos actos delictuosos, sino también hicieron parecer ante la opinión pública que la masacre fue perpetrada por el grupo paramilitar sin su conocimiento, participación y tolerancia, situaciones que están en contradicción con lo ya acreditado en los hechos probados y reconocidos por el Estado (supra párrs. 34, 96.29 a 96.47).

301. La Corte toma nota de que el 22 de junio de 2005 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 975, llamada “Ley de Justicia y Paz”, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, la cual fue sancionada el 25 de julio del mismo año por el Presidente de la República. Al respecto, los representantes presentaron un escrito con posterioridad a sus alegatos finales escritos (supra párr. 44), mediante el cual señalaron que la aprobación de esta ley constituye un hecho superviniente en el presente caso, puesto que representa un obstáculo adicional para lograr la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en este caso, al no garantizarles la posibilidad de participar plenamente en el proceso penal y de recibir una reparación integral. Sobre esa base, solicitaron que la Corte “examine el marco normative de la desmovilización de paramilitares en su totalidad, ordenando la adecuación de la legislación interna y el programa de desmovilización a los estándares internacionales relacionados con los derechos de las víctimas”.

302. Al respecto, la Comisión consideró que las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz no establecen incentivos para que los desmovilizados confiesen en forma exhaustiva la verdad sobre su responsabilidad, a cambio de los beneficios judiciales que recibirán; que esta masacre involucró múltiples perpetradores, vinculados a bloques paramilitares que se han plegado al proceso de desmovilización y, por tanto, se harán beneficiarios de la aplicación de la Ley de “Justicia y Paz”, así como agentes del Estado cuya colaboración por acción u omisión aún debe ser determinada; y que el Estado tiene la obligación de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento judicial exhaustivo de las violaciones a la Convención Americana perpeteradas en este caso, el juzgamiento de los reponsables y la debida reparación de las víctimas.

303. Por su parte, el Estado señaló que la aprobación de la Ley 975 de 2005 no constituye un hecho superviniente en los términos del artículo 44.3 del Reglamento, ya que no ha sido aplicada al caso concreto, en razón de lo cual no permite determinar e identificar las supuestas violaciones que tal aplicación origina en los derechos de las víctimas. Luego de hacer un análisis sobre los alcances de la ley, el Estado señaló que es improcedente que la Corte se pronuncie sobre la correspondencia de dicha ley con las obligaciones internacionales del Estado en relación con la Convención Americana en el presente caso.

304. Sobre el particular, la Corte reitera su jurisprudencia constante en el sentido de que ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. En particular, son inaceptables las disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos - como las del presente caso, ejecuciones y desapariciones. El Tribunal reitera que la obligación del Estado de investigar de manera adecuada y sancionar, en su caso, a los responsables, debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse (supra párr. 297). 

Algunos Testimonios.

Victimas

• María Teresa Pinzón López, hermana de Luis Eduardo, Enrique,  José Alberto y Jorge Pinzón López: Su madre vivía en Mapiripán con sus hermanos, su hermana Luz Mery, la hija y el marido de ésta. Ella, aunque se llevaba muy bien con sus hermanos, “no iba a visitarlos porque [le] daba miedo”. No recuerda muy bien el día que se enteró de lo sucedido a sus hermanos. Es terrible acordarse de lo ocurrido y trata de no pensar, ya que “perder un hermano es muy duro, pero perderlos a todos es tremendo”. Su madre, la señora Teresa López de Pinzón, “se enfermó [de] un derrame cerebral [y] se le paró medio cuerpo. También enfermó del corazón [y] le dio un infarto.” Perder a sus cuatro hijos “fue lo que mató a [su] mamá[, quien] lloraba como un niño”. Luz Mery, su hermana mayor, quien también perdió a su compañero, “estaba muy nerviosa [y] psicológicamente mal, eso la acabó [y ahora] esta muy decaída”; su aspecto personal cambió mucho, ya que ella vio todo, y eso la ha “deteriorado y terminado”. En la familia ya nada es lo mismo y viven lejos. Le da miedo preguntar si los responsables de los hechos fueron castigados, “porque […] en Villavicencio siempre hay paracos”, piensa que es peligroso y no quiere comentar ni preguntar nada porque teme por sus hijos.

•  Esther Pinzón López, hermana de Luis Eduardo, Enrique, José Alberto y Jorge Pinzón López: Cuando su madre llegó de Mapiripán estaba muy triste y le contó que el día de la masacre llegaron unas personas encapuchadas a llevarse a sus hermanos y no los vieron más. Posteriormente, su madre se empezó a enfermar: “llegó como ida, como en shock, le dolía el pecho, fue al médico pero no le contó los hechos por miedo, le agarraban dolores en el pecho, ataques[. L]e daba miedo cuando llovía y tenía pesadillas”. Así, su madre “fue decayendo” y murió a causa de la masacre. Por su parte, cuando se enteró que sus hermanos habían desaparecido sintió “dolor, depresión [y se sintió] sola, ya que ellos estaban muy pendientes de [ellas y les] daban cosas muy importantes. [Por ello, su] dolor más grande es en lo moral, [ ya que sus] hermanos eran [su] apoyo [y les] daban alegría”. Además, su madre “sufrió mucho [y] le afectaba muchísimo las fiestas de diciembre, los cumpleaños y todas las fiestas en que la familia se une”. Sus hermanos eran muy cariñosos con su madre y con todas las hermanas. Siempre se reunían en las fechas más importantes, pero ahora “trat[a] de no acordarse de esto ya que es muy feo”. Sus hermanos eran “el principal sustento” y ayudaban a la madre y a las hermanas desde que sus padres se separaron. Además, su hermana Luz Mery tenía una casa, y animales de granja, pero tuvo que “dejar todo eso tirado y perd[erlo] todo”. Después de la desaparición de sus hermanos se les dificultó la economía, pasaron bastante hambre y ella se retrasó en sus estudios. Además, su madre gastó dinero para buscar a sus hijos. Le da miedo sufrir algún atentado, no por ella sino por sus hijos, quienes se quedarían solos ya que su padre murió. No sabe si sus hermanos están vivos, pero “si están muertos, aunque [les] sea duro aceptarlo, sería un descanso [para sus hermanas y para ella] encontrar los cuerpos de los cinco, enterrarlos y darles una despedida.” Pidió que se encuentre a las personas responsables y “que […] no pidan perdón [por]que ellos no se merecen perdón”. Asimismo, pidió que el Gobierno haga algo, no sólo para las presuntas víctimas de este caso, sino para todo el país, pues “no pueden seguir existiendo estas masacres.” 

• Sara Paola Pinzón López, hermana de Luis Eduardo, Enrique, José Alberto y Jorge Pinzón López: Tenía una buena relación con sus hermanos. Nunca ha estado en Mapiripán, pero le contaron de la masacre y que había “gente sin cabeza, picados en pedazos, que en la finca de [su] hermana se llevaron a su esposo y a sus hermanos”. Después de lo sucedido su hermana, su madre y la hija de su hermana salieron para Villavicencio, donde se encontraron con ella; este “encuentro fue horrible”. Posteriormente, se fueron para Bogotá y vivieron un proceso tremendo con su madre, a quien, a consecuencia de los hechos, le dio trombosis, tuvo parálisis facial y la mitad del cuerpo le quedó inválida. Su madre quedó con una secuela y se la pasaba a la defensiva, nerviosa y “se ahogaba” en llanto, pues es terrible perder de esa forma a los familiares; murió “lentamente por [lo sucedido a sus hijos]”, con la esperanza de que aparecieran para volverlos a ver. [La testigo, su madre y sus hermanas] dependían económicamente de sus hermanos. Si sus hermanos estuvieran vivos su vida sería distinta y vivirían un poco mejor. Ella hubiera seguido estudiando. Por su parte, a ella le quedan secuelas, ya que se pasa imaginando cosas sobre torturas e imagina que les hicieron todas esas cosas a sus hermanos. La navidad eran un suplicio después de lo ocurrido. Además, no ha contado a nadie lo sucedido a sus hermanos porque tiene miedo de que el ejército esté vinculado con los paramilitares. Villavicencio, en donde vive, es peligroso, ya que “no se sabe con quién se […] habla[…] y hay gran desconfianza de la gente”. Por ello, dice que sus hermanos están de viaje o que son primos. Ella sacó el SISBEN (Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales) para desplazados y le dieron ayuda en salud. Al ejército y a la policía “no le convienen los desplazados[. P]ara ellos mejor que ningún desplazado estuviera vivo, porque nadie abriría la boca ni diría nada”. Ni siquiera ha podido ver a un psicólogo a causa del mismo miedo. Su hermana Luz Mery “perdió todo, a ella le gustaba el campo, ella tenía sus cosas, sus bienes en el campo, […] perdió el esposo, perdió a sus hermanos, y 20económicamente se quedó casi nula”. Posteriormente, su hermana se volvió más callada y su relación con la gente se volvió lejana. La testigo desea saber la razón por la cual se llevaron a sus hermanos y saber lo que les hicieron; saber si los mataron y, aunque sea, tener sus restos, ya que sus hermanas y ella descansarían mucho. Sin embargo, tienen “la esperanza de volverlos a ver”. 

• Carmen Johanna Jaramillo Giraldo, hijastra de Sinaí Blanco Santamaría: Cuando llegó a vivir a Mapiripán empezó a querer mucho a su padrastro, quien le empezó a pagar los estudios y era “una persona muy amplia”. Antes de que llegaran los paramilitares, la situación de seguridad estaba bien. Describió el ambiente de terror vivido en el pueblo con la llegada de los paramilitares y que la gente escuchaba que venían con una lista. Tuvo contacto con algunos de los paramilitares y vio a muchos de ellos, incluso al “Mochacabezas”, quien mataba a la gente. Había rumores sobre gente descuartizada y echada al río en pedazos. “Desde que ellos llegaran, ese pueblo parecía fantasma[. C]ada ratico se escuchaba que se llevaban gente[. Los paramilitares] eran desalmados [y] no tenían piedad del dolor de la gente.” Hubo muchos muertos y desaparecidos en Mapiripán, incluida una familia entera desaparecida con un niño de meses de nacido. Un día después de que los paramilitares se llevaron a su padrastro, su madre y ella –quien tenía 16 años en ese entonces– salieron a buscarlo y encontraron su cuerpo en el puesto de policía. “Cuando [se] acerc[ó] […] lo conoci[ó], […] era [su] papá. [Ella se sentó] a su lado y perdi[ó] noción de todo, casi [se vuelve] loca, lo iban a tapar, [ella] decía[: N]o lo tapen que él se va a despertar. [Se agachó] a su lado y levant[ó] su cabeza en [sus] piernas, y tenía la garganta cortada. [Su] papá tenía cortaduras en la carita, lo habían amarrado con un nylon negro[. Ella dijo: ¿P]or qué lo amarraron si él no era malo? [Se quedó] con él llorando por tres horas hasta que [la] sacaron del lugar.” Además del cuerpo de su padrastro vio otros cadáveres y a una señora jalando el cuerpo de su esposo con la cabeza en la otra mano para unirla. Eso le provocaba sentimientos de rabia e impotencia por no poder hacer nada. Su madre llamó al alcalde y al inspector de policía para que hicieran el levantamiento del cuerpo pero dijeron que no podían. “Los paramilitares decían que donde matan una persona ahí se queda. [Su] papá fue la única persona que sacaron del pueblo [pues] la familia de [él] en San Martín mandó una avioneta para sacarlo. [Lo] enterra[ron] en San Martín”.

• Johanna Marina Valencia Sanmiguel, Tiene 16 años de edad y describió como sucedieron los hechos de julio de 1997. Vió cómo se llevaban a su padre. Su hermana Yinda lloraba y pedía que no se lo llevaran. La testigo, su madre y sus hermanos también lloraban. “Pensaba que si se 25 lo llevaban lo iban a matar, porque ya había habido hartos muertos”. Al día siguiente que se llevaron a su padre les dijeron que había muerto y que lo habían decapitado. Ese mismo día ella, su madre y sus hermanos se tuvieron que ir para otro lado y quedarse en una clínica por miedo a que también los mataran. Después de la masacre sufrieron mucho y la vida se volvió más difícil. Se fueron a Villavicencio y vivían en casa de unos amigos de su padre. Después “aguant[aron] hambre y [su] madre tuvo que trabajar para conseguir la comida. [Ella] tuv[o] que empezar a cuidar a [sus] hermanos desde los ocho años. [Tiene] un hermano con necesidades especiales y tuv[o] que darle tetero y limpiarlo. También tuv[o]que cocinar[. A] veces t[ienen] que pedir comida a los vecinos”. Su vida sería mucho mejor si su padre estuviera vivo. Aunque sabe que no es posible, quiere que le devuelvan a su padre. Es importante que los responsables sean castigados. 

Evaluación del impacto De Lo Sucedido

¿QUÉ SUCEDÍA EN LA COMUNIDAD EN EL MOMENTO EN QUE SUCEDIERON LOS HECHOS?

El 15 de Julio, los habitantes de Mapiripán no tenían idea a lo que se iban a enfrentar, pues en el momento que llegan los grupos paramilitares, estos se pasearon libremente por el pueblo y por sus alrededores; a pesar de que era informado sobre el desarrollo de la masacre el Ejercito Nacional, La Cruz Roja Internacional, La Procuraduría de la Nación y la Fiscalía. El estado dejo a la suerte del grupo armado a sus habitantes. Una vez allí, durante cinco días sacaron personas de sus casa, las torturaron, las asesinaron y luego desaparecieron sus restos en un acto de barbarie sin precedente. 

¿QUÉ PÉRDIDAS COMUNITARIAS OCASIONÓ? 

La masacre de Mapiripán dejó a 511 familias desplazadas, sin rumbo fijo, sin absolutamente nada en su pueblo. 17 años después de lo ocurrido, estas familias fueron agrupadas en la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta y la COrporación Mi Consuelo Campesino convocó a sus asociados y a las entidades del Estado con el objetivo de encontrarse y buscar que la Unidad de Atención y la Reparación de las Víctimas los empiece a atender.

Cecilia Lozano, de la Asociación de Mijeres Desplazadas del Meta, sostiene que ya se cintabilizan 900 solicitudes de restitución de tierras en Mapiripán, y que a quienes están liderando el proceso de reparación les han enviado el mensaje amenazante desde Mapiripán y Puerto Alvira  de que "Los están esperando"

¿CÓMO SE AFRONTÓ LO QUE PASÓ?

Mapiripán es reconocido como un pueblo fantasma, como una población violenta; pero a pesar de lo ocurrido hace más de 15 años, hoy el pueblo afronta esa situación como un hecho de memoria histórica, algo de nunca olvidar, pero a pesar de esto, hoy Mapiripán "emerge como una región con mucha fuerza".

"Queremos volver a ser importantes para el país, y queremos olvidar las épocas de terror ejecutados por los violentos de este país, hace 15 años ocurrió esta nefasta semana de terror en nuestro pueblo. Hace 15 años vivimos el holocausto conocido mundialmente como la Masacre de Mapiripán, hoy exigimos que se nos den las garantías para que haya verdad, reparación y no repetición, pero hoy también celebramos que nuestro municipio cuente con el servicio de luz las 24 horas, bienvenido el desarrollo y ya podemos decir que en Mapiripán cesó la horrible noche". Dijo Jorge Iván Duque Lenis, Alcalde de Mapiripán (27 de Julio de 2012)

¿QUÉ CERTEZAS SE TIENEN A CERCA DE ESTA MASACRE?

El estado colombiano sigue incumpliendo con su responsabilidad de identificar plenamente a las víctimas.

La certeza también es que Carlos Castaño anunció al país que habría muchos más Mapiripán. La certeza es que Carlos Castaño no actuó sólo sino que actuó con la responsabilidad de las fuerzas armadas de ese entonces que contribuyeron a desplegar ese proyecto paramilitar en todo el país. La certeza es que frente a otros perpetradores, los hombres de atrás, los determinadores, sigue sin hacerse justicia.

SITUACIÓN ACTUAL: MAPIRIPÁN 2012

En el año 2012 el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, comentó que el estado esta llegando a los lugares más recónditos de la geografía nacioinal, y que con convenios con empresas privadas, se les está dando bienestar a los colombianos. Para esta época, les da la noticia a los mapiripenses que por fin tendrán servicio eléctrico las 24 horas del día.

"Ese viejo anhelo de toda la población de Mapiripán se está convirtiendo en una realidad, a partir de hoy hay energía eléctrica 24 horas al día en este municipio, esto es muy importante porque muestra que el progreso y el bienestar está llegando a las zonas más remotas del país". Aseguró Cárdenas. Floralba Numpaque: "Antes tocaba perder espermita y con espermita se trabajaba por qué más.... toca hacerle duro para conseguir la comidita para los hijos, pero creo que ahora la cosa cambió, me gusta porque le ayudan al pueblo a la luza, porque la luz es la que hace falta para trabajar, ya hay luz todo el día y toda la noche, uno puede trabajar hasta las 11 pm o 12 de la noche, puede trabajar uno para ganarse la comida". Dijo; muy bueno, para que... Gracias a Dios.

Falsas Víctimas de Mapiripán

ASÍ SE DELATARON LAS FALSAS VÍCTIMAS DE MAPIRIPÁN

La fiscalía narró la manera en que los imputados engañaron a la justicia colombiana.

De ricos a pobres. Así serpa la vida, ahora en adelante, de tres de las supuestas víctimas de la masacre de Maíripán (Meta), luego de que la fiscalía les imputara cargos y aceptaran ser responsables de los delitos de fraude procesal y estafa agravada. Mariela Contreras Cruz, Zully Herrera Contreras y Argemiro Arévalo Romero son señalados por la fiscalía de engañar a las autoridades para lograr una millonaria indemnización del Estado. Ellos dijeron haber perdido 3 de sus familiares durante la incursión paramilitar en 1997 y por ello recibió alrededor de 3500 millones de pesos. Las irregularidades de las declaraciones de los testigos comenzaron desde el año 2000, cuando Mariela dijo a la fiscalia que su esposo había sido asesinado por las FARC. Tiempo después sin pensar que podía ser descubierta acudió a poner en conocimiento de las autoridades, que su pareja y sus dos hijos habían desaparecido durante la masacre de Maíripán. En la nueva declaración presentada en el 2002, le explicó a la Fiscalía que para la época en que las autodofensas cometieron el multiple crime, ella llevaba viviendo ocho mese junto a su familia, en la lejana población del Meta. Indicó que a raíz de que uno de sus hijos estaba enfermo decidieron ir a llevarlo al médico. En ese momento -dijo-, comenzó la pesadilla de la incursión del grupo armado.

"Cuando estábamos corriendo, aparecieron dos personas armadas y dijeron "este es", luego se lo llevaron. Le dije a mis hijos que corrieran, pero los dos mayores fueron retenidos y hasta el momento no sé nada de ellos", aseguró.

En su relato incluyó tambipen la manera en que supuestamente su esposo habría muerto. Manifestó que los paramilitares luego de desmembrarlo, lanzaron los restos de su cuerpo al rio Guaviare, al igual que sucedió con las demás víctimas. Sus declaraciones quedaron marcadas por la aclaración de que ella no fue testigo de lo sucedido y que eran versiones que conoció de terceras personas.

Lo dicho por Mariela coincidía de manera parcial con otros testigos, pero poco a poco la Fiscalía fue dando cuenta de contradicciones, pues lo manifestado por esas personas ponía en duda la veracidad de sus versiones.

A las manifestaciones de Contreras, se les sumó las declaraciones que para el año 2007 entregaron su hija Zuly y su yerno Argemiro, en las cuales corroboraban las versiones hasta ese entonces conocían las autoridades. Según la Fiscalía, buscaban darle fuerza y credibilidad a su papel de víctimas, por lo que finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos decició condenar al Estado colombiano a pagar una indemnización por la pérdida de sus tres seres queridos.

Posterior a recibir 3500 millones de pesos como indemnización la Fisscalía siguió infagando sobre el caso de Mariela y su familia, lo que los llevó a conocer qye ninguna de las tres personas víctimas había muerto durante la masacre. 

Se logró comprobar que las personas supuestamente asesinadas por los paramilitares, identificadas como Gustavo Caicedo, esposo de Mariela, y dos de sus hijos, de nombre Diego y Hugo, para la fecha de la masacre se encontraban con vida. 

Las investigaciones de la Unidad Nacional Anticorrupción, areguró que en el caso de Caicedo este fue asesinado por la guerrilla varios años después de la masacre, mientras que DIego perdió la vida a manos de los paramilitares e una fecha distinta a la de la masacre. De Hugo se conoció que en el 2011 se desmovilizó del frente 39 de las FARC.

Pero la estocada final para dejar en evidencia a la familia, fueron las declaraciones de diez postulados a la ley de Justicia y Paz, los cuales aseguraron que en el 2010 estuvieron en la masacre. Indicaron que durante la incursión solo seus personas fueron asesinadas, cuatro más desaparecidas y tres que se habían llevado secuestrados quedaron libre. En ningún momento incluyeron en ese grupo de víctimas al esposo o hijos de Mariela.

De los 3500 millones de pesos que habrían recibido Mariela, Zully y Argermiro, estos han manifestado tener parte del dinero, según la Fiscalía en la actualidad tendrían apenas 400 millones de pesos invertidos en una casa y una finca. Del resto del dinero no se sabe cuál fue su paradero.